La segunda elección de personas juzgadoras federales está programada para 2027. Un debate legislativo, institucional y ciudadano busca moverla a 2028. Esta página da seguimiento en tiempo real.
El contexto completo del debate sobre el aplazamiento de la elección judicial.
La reforma constitucional de septiembre de 2024 estableció la elección popular de personas juzgadoras federales. La primera fase se realizó el 1 de junio de 2025: se eligieron personas ministras de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y una parte de personas juezas y magistrados federales. La segunda fase —que completaría la renovación— está programada para junio de 2027 e implica elegir 759 cargos judiciales federales y aproximadamente 3,310 cargos judiciales estatales.
Expansión PolíticaSi se mantiene la fecha de 2027, esa elección judicial coincidiría con la elección intermedia federal: 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, cientos de diputaciones locales y miles de presidencias municipales, con más de 20,000 personas candidatas compitiendo el mismo día. En algunos estados las personas ciudadanas recibirían hasta 15 boletas. El INE estimó un costo de 15,000 millones de pesos por la duplicación de estructuras logísticas.
ExcélsiorMover la elección a 2028 permitiría: separar los procesos para proteger la independencia judicial de dinámicas partidistas; establecer filtros técnicos de idoneidad para los aspirantes mediante certificación; mejorar el diseño de las boletas; fortalecer la Escuela Nacional de Formación Judicial como órgano certificador; y dar tiempo institucional para corregir las fallas documentadas en la elección de 2025.
Expansión PolíticaCinco de los seis principales grupos parlamentares respaldan el aplazamiento, aunque con motivaciones y condiciones distintas. Solo el PRI rechaza el modelo completo.
A favor, con tensión interna
Legisladores morenistas presentaron la iniciativa de aplazamiento: los senadores Javier Corral y Susana Harp, y los diputados Olga Sánchez Cordero, Alfonso Ramírez Cuéllar y Mariana Benítez Tiburcio. La iniciativa modifica 10 artículos constitucionales: aplaza la elección a 2028, crea un Comité Único de Evaluación integrado por los tres poderes, incorpora certificación técnica de aspirantes y otorga al INE la convocatoria del proceso.
Ramírez Cuéllar argumentó que se busca evitar una "masificación electoral" que impida la participación informada. Benítez Tiburcio subrayó que los cambios no buscan sustituir la reforma de 2024 sino mejorar su funcionamiento.
Portavoces: Alfonso Ramírez Cuéllar, Javier Corral, Susana Harp, Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio, Ricardo Monreal.
A favor, explícito
El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, declaró: "Yo lo veo positivo. Yo creo que da un mayor tiempo para que exista una mayor organización y yo creo que sería bueno que se pudiera llevar a cabo en el 2028."
Advirtió sobre la magnitud del proceso de 2027, con 17 gubernaturas y todos los municipios del país en juego, y subrayó que la prioridad debe ser la confianza ciudadana. El coordinador en la Cámara, Carlos Puente, fue consultado en las negociaciones del periodo extraordinario.
Portadores: Manuel Velasco, Carlos Puente.
Sin objeciones, sujeto a contenidos
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que el PT no tendría inconveniente en que se convocara al periodo extraordinario para el aplazamiento, "pero hay que ponernos de acuerdo también con el contenido de la reforma."
El coordinador Reginaldo Sandoval fue incluido en las consultas parlamentares. La condición del PT es conocer y acordar los términos específicos de la iniciativa antes de comprometerse.
Portavoz: Reginaldo Sandoval.
A favor del aplazamiento, con lectura crítica
Sin renunciar a su rechazo histórico a la reforma judicial de 2024, la bancada panista asumió el aplazamiento como viable y conveniente en 2026. La senador Guadalupe Murguía Gutiérrez señaló que el INE no cuenta con recursos técnicos, económicos ni organizativos para llevar a cabo ambas elecciones a la par.
El senator Agustín Dorantes Lámbarri enmarcó el giro como un reconocimiento implícito de Morena de que la reforma judicial afectó la economía del país.
Portavo Guadalupe Murguía Gutiérrez, Agustín Dorantes Lámbarri, Elías Lixa, Kenia López Rabadán.
Apertura condicionada
La bancada federal señaló que analiza "preliminarmente" la propuesta, sin decisión definitiva. En el Senado, MC vio viable discutir el aplazamiento en un periodo extraordinario.
La coordinadora Ivonne Ortega fue incluida en las consultas de Monreal sobre el periodo extraordinario. A nivel estatal, el coordinador de MC en el Congreso de Jalisco respaldó la propuesta señalando que se han evidenciado fallas en la impartición de justicia tras la renovación de jueces y magistrados en 2025.
Portavoz: Ivonne Ortega.
Rechazo de principio
El coordinador Rubén Moreira Valdez reiteró el rechazo del PRI a la reforma judicial y a cualquier modificación derivada, al considerar que el modelo debilita la carrera judicial basada en méritos.
Para el tricolor la discusión sobre la fecha es secundaria: el problema de fondo es el modelo de elección popular de personas juzgadoras en sí mismo.
Portavoz: Rubén Moreira Valdez.
La sociedad civil organizada no solo acompañó el debate: en buena medida lo articuló y le dio contenido técnico antes de que los partidos se pronunciaran formalmente.
Observatorio Permanente de Integridad Electoral
Organismo de la ciudadanía de monitoreo y análisis de la integridad en procesos electorales. OPINE co-organizó el foro "Fortalecimiento de las Elecciones Judiciales en México" celebrado en el Senado el 23 de abril de 2026, junto con la Comisión de Justicia del Senado y la Red por la Independencia Judicial.
Presentó ante legisladores el balance crítico de la elección de 2025 y la necesidad de postergar y mejorar el modelo. OPINE ha emitido llamados reiterados a evitar la concurrencia de elecciones con condiciones y necesidades diferentes, y ha producido informes periódicos sobre la integridad del proceso de reforma electoral en curso.
RIJ
Iniciativa ciudadana de seguimiento a la reforma judicial desde 2024. El 15 de febrero de 2026 publicó una propuesta formal que incluye: recalendarizar la elección a 2028; sustituir los requisitos actuales de aspirantes por certificación técnica a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial; fortalecer institucionalmente a esa Escuela dentro del Órgano de Administración Judicial; y reformas constitucionales a los artículos 95, 96, 97, 100, 116 y 122.
La RIJ argumenta que postergar no implica retroceder sino avanzar con responsabilidad.
Pronunciamiento conjunto, 30 de abril de 2026
Aplazar la elección a 2028 para evitar la concurrencia con elecciones políticas y proteger la independencia judicial de dinámicas partidistas y clientelares.
Elevar los filtros técnicos de las candidaturas mediante certificaciones, exámenes de conocimientos y evaluación de competencias.
Homologar el proceso de evaluación en un comité único en lugar de tres.
Fortalecer institucionalmente a la Escuela Nacional de Formación Judicial.
Postergar la elección no implica retroceder sino avanzar con responsabilidad.
Entre los firmantes: Asociación Mexicana de Juzgadoras, JUFED, Barra Mexicana Colegio de Abogados, México Evalúa, Fundación para la Justicia, Laboratorio Electoral, México Unido Contra la Delincuencia, entre más de 100 organizaciones adicionales.
México EvalúaMéxico Evalúa, DiSentir, Laboratorio Electoral y Práctica: Laboratorio para la Democracia
En julio de 2025 publicó su informe final sobre la elección del 1 de junio, calificándola como "regresión democrática de décadas". Documentó: inequidad, falta de transparencia, uso de "acordeones" elaborados desde instancias de gobierno, campaña abierta de servidores públicos, publicidad ilícita en redes sociales por entre 2.2 y 3.1 millones de pesos que benefició a 394 candidaturas, boletas mal diseñadas, y acuerdos del INE y el TEPJF que solaparon irregularidades.
Señaló que el principio de imparcialidad del artículo 134 constitucional "fue prácticamente ignorado durante el periodo de campaña."
ProcesoLas voces de las instituciones electorales y académicas.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
El magistrado presidente Gilberto Bátiz García señaló que el aplazamiento es "una medida viable y útil para la organización electoral" y planteó: "¿El modelo que desarrollamos en el 2025 es el que necesitamos para llevar a buen puerto estas elecciones o debemos de configurar estas nuevas reglas también con base en una experiencia no solo como candidatos, sino también como instituciones?"
El magistrado Felipe de la Mata advirtió desde el IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral sobre el riesgo de enfrentar "la tormenta perfecta" si la elección judicial coincide con los comicios de 2027.
Instituto Nacional Electoral
La consejera presidente Rita Bell López advirtió en el foro del Senado del 23 de abril que mantener la fecha de 2027 implicaría un gasto de aproximadamente 15,000 millones de pesos por duplicación de estructuras logísticas, descartando que la concurrencia represente un ahorro real.
Los once consejeros del INE coincidieron en recomendar el aplazamiento en una opinión formal remitida al comité de reforma electoral. El INE también advirtió del riesgo de que las boletas se agoten en 2027 dado el volumen de candidaturas concurrentes.
UNAM y personas expertas constitucionales
El investigador Rafael Estrada Michel, de la Facultad de Derecho de la UNAM, propuso replantear la estructuración del Tribunal de Disciplina Judicial para que vigile el cumplimiento de los principios constitucionales y evite que las decisiones de las personas juzgadoras "busquen popularidad."
Estudios de la UNAM detectaron improvisación en la elección de personas juzgadoras de 2025. Personas expertas constitucionales señalaron que la concurrencia pondría en riesgo no solo la instalación de casillas sino el cómputo de votos.
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Los medios han reproducido que la reforma debe aprobarse antes de finales de mayo de 2026, argumento basado en la veda electoral del artículo 105 constitucional, que prohíbe reformas electorales dentro de los 90 días previos al inicio de un proceso electoral.
Sin embargo, esa restricción protege la certeza de un proceso inminente o en marcha. Si el objeto de la reforma es precisamente trasladar la elección a 2028 —eliminando el proceso de 2027 antes de que inicie formalmente—, la veda se desplaza: no habría proceso electoral de 2027 que proteger porque la reforma lo elimina antes de su inicio.
El INE no ha emitido convocatoria ni acuerdos preparatorios para la elección judicial 2027, por lo que el proceso no ha iniciado formalmente.
El apresuramiento legislativo responde más a una lectura conservadora de los operadores políticos que a una restricción constitucional rígida e indiscutible.
Esta página se actualiza conforme avanza el debate legislativo.
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